La cuenta atrás para el próximo año ha comenzado ya. Según caen las hojas del calendario, el margen de maniobra para decidir qué ajustes adoptar en 2012 se estrecha, en plena crisis financiera. El cumplimiento de los objetivos de déficit público de 2011 y de 2012 se antoja cruciales para transmitir un mensaje de calma a los mercados.
MADRID- Las Administraciones Públicas deberán hacer un esfuerzo titánico en 2012. En el próximo ejercicio, habrá que recortar el gasto público, al menos, en 20.000 millones de euros, con el fin de situar el déficit en el 4% del PIB. A esta cuantía hay que sumar otros 6.000 millones de una eventual desviación del desfase público este año. La Comisión Europea vaticina para España una desviación de seis décimas respecto al 6% del PIB previsto.
En este panorama, que se complica por la prórroga presupuestaria, Elena Salgado ha solicitado diferentes escenarios sobre la evolución del capítulo primero de los Presupuestos Generales del Estado, referido al gasto en personal, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. Concretamente, Economía baraja tres escenario.
El primero, el mantenimiento de la congelación actual del salario de los empleados públicos en 2012. Esta pérdida de poder adquisitivo, con una inflación del 3%, supondría un ahorro cercano a los 2.000 millones de euros, ya que se aplicaría no sólo a los funcionarios del Estado, sino también al resto de las Administraciones Territoriales.
Congelar la oferta de empleo
Un segundo escenario recoge un recorte de las retribuciones de este colectivo de una media del 5%, según fuentes gubernamentales. Esta medida aumentaría el ahorro hasta los 3.000 millones de euros. El tercer supuesto recoge una rebaja más selectiva de los salarios vía reducción de complementos y de pluses. Además, Economía plantea congelar la oferta pública de empleo, con la eliminación de la tasa de reposición, situada, en este momento, en el 10%. De decidirse al final por recortar el salario de los empleados públicos, será la tercera vez que se aprietan el cinturón en esta crisis económica, que se remonta a 2008. La primera vez fue a mitad del ejercicio 2010. Por entonces, el Ejecutivo aplicó una rebaja media de los sueldos de los funcionarios del 5%.
Carácter temporal
Esta medida supuso un ahorro en el Estado de 535 millones y de 1.765 millones en las Administraciones Territoriales. Un año después se consolidó en las nóminas de los funcionarios este recorte medio del 5% y, además, se les congeló el sueldo. La combinación de ambas medidas representó un ahorro extra de 1.035 millones en la Administración del Estado y de 3.465 millones en el resto de Administraciones públicas. El nuevo tijeretazo que prepara el equipo económico de José Luis Rodríguez Zapatero tendría un carácter temporal. Es decir, los funcionarios irían progresivamente recuperando poder adquisitivo, una vez se supere la crisis económica.
El Gabinete de Zapatero pondrá a disposición del PP estas proyecciones presupuestarias para que, una vez asuma las riendas del Gobierno, decida qué hacer.
La primera medida que deberá adoptar el nuevo Ejecutivo será la aprobación del decreto de Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2011. En esta norma deberá incluir la revalorización de las pensiones públicas, prometida por el presidente electo, Mariano Rajoy, durante la campaña electoral. Además, en el decreto deberá figurar que decisión adopta sobre las retribuciones salariales de los empleados públicos: si las mantiene congeladas, si, por el contrario, las revaloriza o si las recorta.
Si se inclina por esta última opción, la Generalitat de Cataluña no aplicará la caída de los salarios que prepara para sus funcionarios, con el fin de no penalizarlos dos veces en sus retribuciones. El Gobierno de Patxi López también podría dar marcha atrás a la disminución de los salarios de sus empleados públicos que aplicará el próximo ejercicio por la misma razón que Cataluña, para no castigarlos dos veces con dos rebajas salariales.
El mayor gasto de las cuentas
El capítulo primero de los Presupuestos, referido al gasto en personal, constituye la partida más abultada de las cuentas del Estado y, prácticamente, la única donde se puede meter la tijera. El gasto en pensiones es intocable por ley. Mientras, los intereses de la deuda hay que pagarlos religiosamente. Por tanto, es el gasto en personal donde más margen se tiene para recorta.
